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"¿Cuántos pobres hay en la Argentina?" Con esa pregunta, Norberto Itzcovich, director del Indec, comenzó su defensa de las estadísticas oficiales. Sin embargo, en su extensa argumentación de más de una pagina publicada ayer, no logró responderse con un dato actualizado.

 

En sintonía con el ministro de Economía, Axel Kicillof, y el jefe de Gabinete, Aníbal Fernández, el director del Indec justificó la desaparición de los pobres en las estadísticas y afirmó que las críticas de las "usinas científicas" de la oposición, como llamó a consultoras y a la UCA, responden a intencionalidades políticas y del establishment.

 

"No resulta fácil definir (si se es intelectualmente honesto) qué es la pobreza o cuándo una persona o un hogar es pobre o no lo es", escribió ayer Itzcovich en una columna publicada en el diario Ámbito Financiero. "Es una discusión que se da a nivel internacional permanentemente, desde hace años", aseguró.

 

El único dato actualizado que el director del Indec dio fue el del segundo semestre de 2013, cuando informó que 4,7% de la población era pobre. Para ese mismo período, los técnicos de ATE estimaron que un 20,7% estaba bajo la línea de pobreza. La tendencia fue entonces en crecimiento: para el primer semestre de 2014, había 25,5% de pobres en el país, según ATE. En tanto, la tasa de pobreza calculada por el Cedlas para ese primer semestre fue de 21.4 por ciento. En ese momento de desmejora, el Indec decidió no publicar más su índice de pobreza.

 

Semanas atrás, Kicillof había afirmado que el Gobierno evitaba dar el número de pobres para que no fueran estigmatizados. Fernández, en tanto, fue menos sutil: "El Gobierno no está para contar pobres".

 

Itzcovich ratificó que el Gobierno seguirá ocultando la pobreza pero con un argumento más original: basado en la posmoderna tesis de la verdad relativa. Según dijo, no habrá un índice, ya que hoy se publican los insumos básicos que sirven para calcular cualquier índice a la carta de cada experto (por situación de estructural de vivienda deficitaria, hacinamiento, por la falta de trabajo formal o la brecha digital, ejemplificó entre otras). El economista se apoyó en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que afirma que, según las variables seleccionadas, existen 6000 posibilidades para definir el índice.

 

En ese camino, Itzcovich afirmó que el Gobierno, "gracias a una gestión estatal eficiente", no necesita un índice de pobreza para implementar políticas públicas. Le basta con la información que le proveen programas como la AUH, las políticas dirigidas a embarazadas y estudiantes o la SUBE. "Tal vez haya que buscar un ensañamiento del establishment por el lado de la distribución del ingreso", hipotetizó el funcionario.

 

Las críticas no tardaron en llegar. "Itzcovich reivindica el índice de pobreza, cuyo último dato es de 2013. Según ese índice, el total de pobres ascendía a 1.189.000. Pero sucede que el total de personas que vive en hogares que reciben la AUH totaliza casi ocho millones de personas. ¿Hay seis millones que no son pobres y cuyos que la reciben?", se preguntó Víctor Beker, ex director del Indec. "Ocho millones de personas representan el 20% de la población, dato que coincide con la estimación de pobreza de Cifra, centro de estudios de la CTA que Hugo Yaski, que no es precisamente un vocero del establishment", cerró Beker.

 

"Tres funcionarios de alto rango declaran públicamente que no saben cuántos pobres hay y, lo que es peor, que no tiene sentido saberlo", dijeron en ATE Indec.

 

"¿Hacen falta más pruebas para demostrar que este Gobierno destruyó sistemática y deliberadamente al Indec privándonos de la posibilidad de monitorear su gestión?", señalaron los técnicos que calificaron las palabras de Itzcovich como "devaneos metodológicos".

 

"La eliminación de los indicadores de pobreza es para ocultar una realidad", dijo el diputado Claudio Lozano. Advirtió que "el nivel de pobreza está en una situación similar al final de la convertibilidad".

 

"No es fácil medir la pobreza, pero es necesario y es una responsabilidad del sector público hacerlo", afirmó el economista y director de Finsoport Jorge Todesca.

 

 

Por Francisco Jueguen  | LA NACION