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Es, en gran medida, el resultado de decisiones políticas tomadas en situaciones de emergencia; sufre fuertes distorsiones por la inflación; resulta ineficiente para dar respuesta a problemas de la producción; no está adaptado a las herramientas hoy en poder del Estado para controlar, y no siempre respeta principios básicos como el de capacidad contributiva. El sistema impositivo necesita una reforma amplia, según coinciden en decir tributaritas, abogados especializados y referentes de los principales candidatos a presidente de la Nación.

 

Hay bastante consenso en que, más allá de correcciones puntuales y urgentes, no debería haber una reforma que segmente los componentes del sistema tributario como si uno no influyera sobre los otros, y en que es inconveniente encararla sin tener en cuenta, previo debate para llegar a una definición, a qué tipo de Estado se busca dotar de recursos. Mientras tanto, en la última década la participación de la carga tributaria sobre el PBI subió un 53%, según datos del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires: es un indicador que, en el período, avanzó mucho menos en otros países: 16% en Brasil, 13% en México y 10% en Chile.

 

"Una reforma tributaria debería ser parte de un plan estructural del Estado; debería ser un complemento de iniciativas macroeconómicas y sociales que persigan como fin la redistribución del ingreso y el bienestar de cada argentino", define Carlos Sunkel, gerente corporativo de Impuestos de Swiss Medical Group y director de la División de Impuestos del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Agentina (IDEA). En un encuentro organizado por esta institución, tres asesores de los principales candidatos a ejercer la presidencia expusieron el martes pasado sus lineamientos. LA NACION consultó a varios expertos en la materia y, sin agotar la totalidad de la problemática, se presentan a continuación las principales ideas y propuestas y, por separado, una síntesis de lo expuesto por referentes de Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa.

 

GANANCIAS Y PATRIMONIO

 

Que los parámetros que definen el pago del impuesto a las ganancias se ajusten periódicamente según un criterio predefinido para evitar los efectos distorsivos de la inflación es la consigna más repetida por los tributaristas, que insisten en la necesidad de recuperar el principio de imposición basada en la capacidad contributiva. En lo que se refiere a personas físicas -empleados, jubilados y autónomos-, Santiago Montoya, presidente del grupo Bapro y hombre cercano a Scioli, cree que debería haber una actualización según la evolución del salario mínimo.

 

En cualquier iniciativa se advierte que la actualización debe aplicarse tanto al salario a partir del cual se tributa como a los montos de ingresos que definen qué alícuota aplicar a cada persona y a los máximos de gastos deducibles. A la cuestión de cuál sería el sueldo o haber previsional a partir del cual tributar (una cifra que hoy es fruto de decisiones políticas arbitrarias) hay, por un lado, propuestas de definir una cierta cantidad de salarios mínimos. Para César Litvin, socio de Lisicki, Litvin y Asociados, habría que multiplicar esa variable por ocho, lo que equivale hoy a $ 37.728 mensuales. También hay quienes recomiendan vincular esa base al costo de bienes y servicios. "Es muy importante que se grave lo que realmente es ahorro; debe garantizarse que no se pague impuesto sobre la parte del ingreso necesaria para consumos", señala Adriana Piano, contadora a cargo del departamento de Impuestos del estudio SMS.

 

Una mirada especial se pide para los autónomos. Lucio Giaimo, socio a cargo de Impuestos y Legales de KPMG, recuerda que este grupo tributa Ganancias desde un ingreso mucho más bajo que los asalariados y jubilados y que, además, quedó al margen de las modificaciones más recientes (dicho sea de paso, no se consideran sostenibles los cambios dispuestos en 2013, porque provocaron nuevas y agravaron viejas distorsiones).

 

En cuanto al impuesto a las ganancias de las empresas, debería reconocerse la aplicación del ajuste por inflación, según afirma Guillermo Poch, socio de BDO, para evitar que se graven utilidades ficticias. Es un ajuste previsto en la ley, pero hoy está suspendido y el tema se discute en la Justicia. Además, se plantean otras cuestiones vinculadas a corregir efectos del alza de precios, como una necesaria suba de las deducciones por uso de automóviles. "Hoy la AFIP tiene capacidad para determinar si los gastos se vinculan al giro del negocio o no", recuerda Giaimo.

 

Otros cambios son los relacionados con Bienes Personales. Actualmente se tributa cuando el patrimonio llega a $ 305.000, una cifra vigente desde 2007, el año de la única modificación al impuesto desde el inicio de esta época inflacionaria, cuando la base era de $ 102.300. "Si se sigue el tipo de cambio oficial, debería estar en alrededor de un millón de pesos", señala Sebastián Mancuso, gerente de Impuestos del Grupo GNP. Pero las propuestas van más allá de actualizar ese número. Según Humberto Bertazza, presidente del Consejo Profesional -la institución que matricula a los contadores- debería excluirse a la vivienda de los bienes gravados y debería tomarse como base el patrimonio neto (hoy sólo se permite descontar de los pasivos las deudas por compra de la casa).

 

Bienes Personales es un gravamen que también acumuló distorsiones por la inflación y, en particular, por la variación del precio de las propiedades, dada la forma en que se definen los valores a declarar. "Según la fecha de compra, puede haber personas con tres departamentos que hace tiempo no tributan (porque los valores están amortizados) y otras que compraron hace poco su casa y sí pagan", dice Piano, como un argumento a favor de desgravar la vivienda. Sin consenso total dado el efecto fiscal, otro tema en debate es sobre qué monto se calcula el impuesto: desde 2007 se considera la totalidad del patrimonio, mientras que antes se tomaba el excedente de la cifra fijada como base imponible.

 

CONSUMO Y PRODUCCIÓN

 

Una cuestión sensible entre las posibles modificaciones es la alícuota del IVA, un impuesto que algunos dicen que no habría que tocar. Dentro de una propuesta integral de la Fundación Pensar, el think tank de Pro, la conclusión es que puede fijarse una tasa uniforme del 17% (cuatro puntos por debajo de la hoy general y no única de 21%) sin afectar los ingresos, para lo cual habría que eliminar exenciones. El Consejo Profesional también sugiere unificar la alícuota y recomienda, para algunos casos en los que eso implicaría una suba, compensar con subsidios al consumo.

 

Nacido en plena crisis de inicio de este siglo, el impuesto sobre débitos y créditos bancarios es considerado muy distorsivo, entre otras causas porque no mide capacidad contributiva. Y hay acuerdo en que debería ser borrado. Por lo general, se considera que, en camino hacia esa meta sería viable disponer un incremento progresivo de los montos pagados que se tomen a cuenta de otros impuestos.

 

Los derechos de exportación y la creciente presión impositiva provincial y municipal son otros factores que influyen negativamente para la inversión, según advierte Andrés Edelstein, socio de Asesoramiento Impositivo y Legal en PwC Argentina. Entre las propuestas para revertir el clima desfavorable, puntualiza que podría reducirse la alícuota del impuesto a las ganancias de las empresas, por ejemplo para las pymes que reinviertan utilidades, y dice que otro buen estímulo podría ser la aplicación de amortizaciones aceleradas y la devolución rápida del IVA. Un caso concreto de esto último sería que se reintegre en forma instantánea el impuesto en la compra de maquinaria para la industria, según señala Sunkel, quien recomienda beneficios para la inversión en infraestructura.

 

El desarrollo de una zona franca y la firma de más convenios para evitar la doble imposición con otros países serían otros elementos de incentivo, agrega Poch. Las hoy golpeadas economías regionales están en la mira cuando se habla de proponer estímulos o quitar trabas a la producción: "Eliminar gradualmente tributos distorsivos que atentan contra la competitividad, como derechos a la exportación", propone Giaimo.

 

Vinculadas a limitaciones al desarrollo, las cargas provinciales pasaron, entre 2000 y 2013 y según el Consejo Profesional, de 3,8 a 5,2% del PBI. La reducción de alícuotas de Ingresos Brutos es un objetivo señalado, pero la atención también está puesta en cómo se aplican las cargas: "Hay una guerra fiscal entre provincias; algunas como Buenos Aires, Santa Fe o Chaco cobran tasas más altas a empresas sin establecimientos en sus territorios", explica el abogado Guillermo Lalanne, del estudio O'Farrell, quien agrega que la Corte suspendió en algunos casos ese diferencial.

 

La política fiscal provincial y municipal está muy vinculada a un demorado debate: "Es necesario reformar la ley de coparticipación", señala Sunkel, tras calificar como un problema la falta de un plan federal de desarrollo, lo que llevó a "una telaraña" de regímenes de retenciones y percepciones. La compleja situación de las cargas locales "tiene su origen en necesidades recaudatorias y muestra que se requiere una discusión seria y profunda del régimen de coparticipación", afirma la abogada Gabriela Rigoni, del estudio Lisicki, Litvin. Los referentes de los candidatos estuvieron de acuerdo en esa necesidad..

 

Fuente: La Nación