RRHH

Seis de los siete “Amicus Curiae” (amigos del Tribunal) que expusieron este jueves en una audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el caso de un empleado despedido del Correo Oficial defendieron el derecho primario de los trabajadores a participar de una huelga, aunque no haya sido convocada por el sindicato con personaría gremial.

Se trata del despido del empleado Francisco Orellano, que los jueces de la Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ya consideraron discriminatorio, pero que por un recurso de las autoridades del Correo derivó en la convocatoria de este jueves por la Corte. La audiencia tuvo lugar en el Palacio de Justicia, presidida por los ministros del máximo tribunal Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda.

El representante del Correo, Horacio Desimone, reconoció que la titularidad del derecho de huelga le asiste a los trabajadores y sólo se diferenció en lo que consideró el procedimiento utilizado por un grupo de empleados que habría afectado los intereses de la empresa.

“Hubo que contratar unos 100 trabajadores eventuales, resarcir daños a los clientes y se perdieron algunos contratos”, fundamentó.

Por su parte, el representante legal de Orellano, Matías Cremonte, planteó que la Corte debería reformular la pregunta de la convocatoria como el derecho de reunión más que el derecho de huelga, al explicar que “sólo durante tres días se siguieron reuniendo los trabajadores una hora por turno sin la convocatoria de los sindicatos”.

“El derecho de reunión es mucho más amplio que el derecho de huelga e incluso desde el punto de vista de la Ley de Asociaciones Sindicales que en su artículo 4 establece en cabeza de los trabajadores y no de las organizaciones el derecho a reunirse y participar en otras actividades gremiales”, puntualizó el abogado.

Además de Cremonte y Desimone, que hablaron en su calidad de representantes de las partes, expusieron el director del Instituto de Derecho Social de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Ricardo Cornaglia; el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Julio Fuentes; y el presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas, León Piasek. También participaron el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja; el secretario general de la CTA-Autónoma, Pablo Micheli; la letrada de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Liliana Constante; y el abogado de la CTA de los Trabajadores, Raúl Ferrari.

Sólo Funes de Rioja reinvindicó que el derecho a huelga le asiste a las organizaciones con personería gremial, como lo establece la Constitución Nacional según sostuvo, a la vez que negó que la legislación laboral internacional lo cercene.

Para Cornaglia, “se trata de la defensa de una categoría, porque cualquier limitación a ese derecho es un retroceso” y añadió que el Tribunal “tiene la oportunidad de decidir si el trabajador huelguista puede volver” a sus funciones.

Por su parte, Fuentes fundó la potestad individual del empleado al recordar que un alto porcentaje de trabajadores “no registrados carecen de sus derechos, entre ellos el de integrar un sindicato”.

Orellano, que fue despedido y luego reincorporado junto a 46 trabajadores, dijo a la agencia Télam que espera una decisión favorable del máximo tribunal: “Espero que el dictamen de la Corte sobre la titularidad del derecho de huelga nos avale, porque si así ocurre será en beneficio de todos los trabajadores del país”.

“Nosotros lo que cuestionamos es la precariedad laboral, porque nos parece muy raro que esto ocurra en un organismo del Estado, desde donde se impulsa que las empresas (privadas) estén en regla”, señaló el trabajador implicado y sostuvo que “esta situación, la del contrato por tiempo determinado, le quita la libertad a los trabajadores”.

Fuente: www.diariobae.com